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El Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento
contestó hace unos días a la Ciudad quien envió a finales
del año pasado un informe jurídico que apostaba por una
intercambiabilidad de billetes para todas las navieras
(Acciona- Trasmediterránea, Euroferrys, Buquebús y Baleária)
continuada en el tiempo. El posicionamiento de la
Administración central expuesto en la misiva es que “no
puede imponer la intercambiabilidad, que es una medida de
carácter restrictivo que el Estado sólo puede decretar para
casos puntuales”.
La portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, recordó que la
intención de la Ciudad es desde hace tiempo es que el
intercambio de billetes entre las navieras debe
establecerse. Así se prevé, según esta, en el informe
enviado a Madrid en el que se decía: “A niveles jurídicos
que la intercambiabilidad podía ponerse como obligación de
servicio público a todas las navieras que operan en la línea
Ceuta- Algeciras y cualquiera que sea su título jurídico
habilitante con algunos matices en determinadas épocas del
año”.
Desde el Estado se vuelve a argumentar que la
intercambiabilidad es una facultad de las navieras y que la
administración sólo puede imponerla en determinados
supuestos. Estos razonamientos van en la línea de los
manifestados por el diputado socialista y portavoz de la
Comisión de Infraestructuras, Salvador de la Encina, quien
recordaba que en una economía liberalizada no se puede
imponer esta decisión a las navieras que son empresas
privadas.
Pese a este revés, Bel anunció la intención de la Ciudad de
seguir apostando por una intercambiabilidad plena durante
todo el año.
Por otro lado, esta consideró necesario que la carta enviada
a Presidencia pase por los servicios jurídicos de la Ciudad.
“La respuesta va a ser puesta en conocimiento de los
juristas para que se analice y rebata en el caso de que se
pueda”, añadió Bel.
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MARÍTIMAS
/ INFORME JURÍDICO ENVIADO A
FOMENTO
