Los pasos dados por muchos ayuntamientos a lo largo y ancho
de España por controlar el problema del consumo de alcohol
en la vía pública creando ‘botellódromos’ no ha resultado
del agrado de los organismos sanitarios comandados por la
Organización Médica Colegial. Así, estos no dudan en
manifestar que “rechazamos el abordaje simplista de los
llamados ‘botellódromos’ creados en diferentes localidades o
ciudades”.
Según estos, este rechazo se basa en que el consumo de
bebidas alcohólica sen la calle “no puede ser abordado
simplemente como un problema social y de orden público,
representa también un gravísimo problema de salud”.
Los datos recogidos en la Encuesta Escolar 2004 de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
reflejan que el inicio del consumo de alcohol se da en los
13, 7 años y que uno de cada tres adolescentes se ha
emborrachado en el último mes. Otra de las estadísticas más
significativas es la que dice que el 70% de los jóvenes de
16 años consume alcohol en el fin de semana.
Las consecuencias del consumo de alcohol pueden ser
“nefastas” para los jóvenes. Según denuncian los
profesionales sanitarios “el consumo habitual perjudica el
desarrollo cerebral y el aprendizaje de los adolescentes”,
así como puede provocar “alteraciones en el proceso de
crecimiento”.
Una de las armas que se han de utilizar es según los
profesionales sanitarios “disminuir la accesibilidad del
alcohol a los menores y adolescentes”. Por ello, “apoyamos
la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas
en esta población”.
Intereses comerciales
Desde este colectivo se defiende que los intereses
comerciales y económicos de los sectores que agrupan a los
productores y distribuidores de bebidas alcohólicas así como
los creadores de actividades de ocio, no deben anteponerse a
los que tiene la sociedad de preservar la salud de los
menores de edad.
Para que el adolescente pueda tener unos criterios para
saber decidir y no verse imbuido por la vorágine de
publicidad y costumbres juveniles, los médicos, psicólogos
clínicos y profesionales sanitarios, así como los padres,
maestros y profesores deben asumir políticas activas de
educación para la salud en hábitos saludables dirigidos
hacia la sociedad en general, y la familia y los jóvenes en
particular.
Por último los profesionales sanitarios consideraron
necesario que el Estado “debe aumentar las inversiones en
actividades de prevención del consumo de bebidas
alcohólicas”.
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