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Manipulaba, presuntamente, las fotografías y los
estampillados de las llamadas ‘tarjetas amarillas’ expedidas
por el Cuerpo Nacional de Policía para inmigrantes que se
encontraban en régimen de asilo político, esa es la base
junto a las pruebas obtenidas en el registro donde se
hallaron numerosas fotografías de asiáticos y las
conversaciones telefónicas en inglés, con la que el
Ministerio Fiscal trabaja a la hora de solicitar una pena
entorno a los once años de privación de libertad por ser
Cecilia E.D. la presunta responsable de sendos delitos:
tráfico continuado de seres humanos (el llamado delito
contra el derecho de los trabajadores extranjeros) y fraude
documental.
Así lo hacía
La exgilista, que trabaja en el CETI, lograba el contacto
con inmigrantes -siempre asiáticos- y conseguía hacerse con
documentación válida de inmigrantes para salir de Ceuta.
Sobre todo la tarjeta amarilla de asilo político que se le
solía conceder a los nativos de Bangladesh.
Una vez logrado el documento, la detenida, según se refleja
en el sumario por las pruebas aportadas por la Guardia
Civil, manipulaba en su locutorio telefónico -supuestamente
tapadera- tanto la fotografía como el estampillado del
sello, nunca el nombre. De tal modo, que con este nuevo
documento alterado del original podía viajar a la península
el extranjero en cuestión.
Por este procedimiento, se sabe por las escuchas
telefónicas, que la protagonista cobraba unos 2.500 euros a
cada asiático.
Siempre realizó esta práctica con inmigrantes asiáticos,
nativos de Bangladesh. El Pueblo de Ceuta ha podido saber de
fuentes próximas a la investigación que con esta actividad
ilegal, la detenida pudo haber logrado el pase de varias
decenas de inmigrantes ya que por cada documento original
podía lograr hasta tres nuevos previamente modificados.
Escuchas telefónicas
La Guardia Civil comenzó a sospechar de ciertos movimientos
extraños en los alrededores del locutorio telefónico del
Paseo de Las Palmeras, por lo que solicitó del juez
Guerrero, titular del juzgado de primera instancia e
instrucción número 3 de los de Ceuta, el permiso para
realizar escuchas telefónicas ante los indicios de estas
prácticas.
Las conversaciones se realizaban siempre en inglés y son
varias las grabaciones aportadas como prueba. Una vez
conocido, por este método de investigación, el ‘modus
operandi’, la Guardia Civil abortó lo que fue el último pase
de inmigrante.
El pasado día 6 de febrero, agentes de la Benemérita
interceptaron en el puerto el vehículo conducido por la
ahora detenida que viajaba junto a un asiático con los
documentos manipulados. Fue la prueba definitiva que dio
paso al registro posterior de su ‘locutorio’, dirigido por
el propio juez, en el que se encontraron un buen número de
fotografías de asiáticos además de diverso material
adjuntado para fines probatorios en el sumario.
La Guardia Civil no tiene cerrado el caso ya que mantiene
que la detenida no debe ser la única participante en el
delito. El Ministerio Fiscal habría solicitado la
colaboración de la imputada con la contrapartida de una
reducción en su calificación que podría superar los 11 años
de prisión.
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