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No se trata de admitirlo todo, no
se trata de estar deacuerdo con lo negociado. Es buena la
discrepancia y sano el diálogo responsable por muy
divergente que parezcan las posturas encontradas en esto de
lo que denominamos política.
Hasta en el amplísimo marco de actuación en la que se puede
conjugar, la famosa ‘política’, tiene unos límites que viene
marcado precisamente por el respeto a las instituciones que
deben estar permanentemente por encima de quienes formen
parte de ella en el juego democrático en el que estamos,
afortunadamente, imbuidos todos y cada uno de los que
formamos la sociedad española.
En unos históricos momentos como el que nos encontramos,
donde el autogobierno de la Ciudad Autónoma se ha visto
ampliado con acuerdos muy serios con el Estado, todos y cada
uno de los que forman parte del arco parlamentario de la
Asamblea tenían que haber formado parte de ellos, por ese
respeto debido y que demandamos hacia las instituciones.
El arreón soliviantado y derivado de la discrepancia y de la
disconformidad política, no debe ser excusa para dar la
espalda a una evolución -se quiera o no, mejorable o no- de
la capacidad de Ceuta como gobierno autónomo.
Si Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, las
dos grandes formaciones políticas de ámbito estatal, han
logrado hallar un hueco de entendimiento, pese a lo que
actualmente llueve, en un loable intento por mejorar las
condiciones de Ceuta, los demás partidos -formaciones más
modestas aunque igualmente respetables- han rallado la
intransigencia y la han hecho prevalecer frente al sentido
general de la evolución que significan estos acuerdos. No
será un gran paso, no será la solución definitiva, pero sí
debemos estar deacuerdo en que se trata de un avance sólido
en las expectativas de Ceuta hacia su siempre mejorable
estatus autonómico.
Las instituciones merecen el respeto que, a veces, les
deniegan quienes aún no andan avezados en esto del juego
democrático que, además no saben desligar la oposición
política de otras circunstancias en las que las
instituciones deben salvaguardarse.
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OPINIÓN / EDITORIAL
