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Si el Ministerio de Defensa, cuya cartera controla el
socialista José Antonio Alonso, no da explicaciones de las
investigaciones “ilegales” por parte de la inteligencia
militar a la sociedad civil ceutí en un breve plazo de
tiempo, la dirección provincial del sindicato Comisiones
Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma de Ceuta podría
presentar una querella criminal contra dicho Ministerio, una
vez que el servicio jurídico del mentado sindicato determine
la formulación de la misma. Estos hechos, promovidos tras la
aparición en los medios de comunicación de la citada
investigación “irregular” a las centrales sindicales
mayoritarias –CCOO y UGT- así como a asociaciones vecinales
como la de Vecinos del Morro, supone para Juan Luis
Aróstegui, secretario provincial de CCOO en Ceuta, “una
situación que vulnera el ámbito constitucional”, insistiendo
en que “la gravedad de los hechos requiere un
pronunciamiento sereno pero que no excluye la indignación
por los citados hechos”, tal y como lo expresaba el líder
sindical a los medios de comunicación en la mañana de ayer.
El “espionaje a la sociedad civil”, como determinaba
Aróstegui, “por parte de las autoridades militares, que
vulnera los cimientos de la democracia y que merece un
absoluto rechazo y enérgica condena al comprobar la
existencia de este operativo de investigación que
descalifica al Gobierno del Estado”.
Estas han sido las conclusiones del Consejo Provincial del
CCOO en Ceuta contra el ministro de Defensa, el comandante
General y el jefe de la Fuerza Terrestre; habiendo apuntado
que tras la reunión la pasada semana en la Comandancia
General ceutí, en la que se pidieron tanto explicaciones
como datos precisos de dichas investigaciones “ilegales”,
dichos mandos militares no han enviado ningún tipo de
información a quienes se la reclamaban. Aróstegui ha lanzado
también críticas a las aut0ridades locales, de quienes han
dicho que su actitud se asemejaba a la “política del
avestruz” mostrándose contradictoria con la llevada a cabo
con el Partido Popular ante el Congreso de los Diputados,
quien ha realizado una interpelación al propio Alonso por
las investigaciones.
Ante los citados hechos, la dirección provincial de CCOO en
Ceuta, ha emitido su parecer especificado en seis puntos. El
primero, determina que esta central sindical “Una vez
efectuadas todas las averiguaciones posibles, y consultadas
todas las fuentes de información a nuestro alcance” tiene
“la certeza moral de la existencia de un servicio militar,
adscrito a la Comandancia General de Ceuta, desde el que se
viene desarrollando, durante un prolongado período de tiempo
(al menos desde 2002), un Plan Permanente de Inteligencia
entre cuyos objetivos se incluye, con carácter ordinario, la
investigación de las actividades y las personas que forman
parte de la sociedad civil de Ceuta”. En segundo lugar, que
este tipo de prácticas son “radicalmente ilegales y
flagrantemente contrarias a los principios
constitucionales”. En tercero, que “CCOO no va a permanecer
impasible ante estos hechos. Consideramos que los mandos de
este operativo de vigilancia ilegal –el comandante General,
el jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército y, en última
instancia, el ministro de Defensa, tienen la obligación de
asumir sus responsabilidades”. En cuarto, que “repudiamos
sin paliativos” el modo de operar de los mencionados
“desdeñando lo sustantivo del asunto que es la existencia de
un operativo que investiga la sociedad ilegalmente la
sociedad civil” habiendo centrado la actuación en sancionar
a funcionarios de puestos inferiores en la escala de mando
“que se han limitado a cumplir sus órdenes”. En quinto
lugar, CCOO de Ceuta determina que “en caso de persistir en
su actitud de ocultar la verdad y perseguir con saña a
quienes ellos consideran autores de las filtraciones” el
sindicato responderá con todo el peso de la ley, tal y como
estudian sus asesores jurídicos. Finalmente, y en sexto
lugar, el referido sindicado expuso ayer que
“independientemente de las consecuencias derivadas de los
expedientes disciplinarios incoados al teniente coronel
cesado, y a los guardias civiles separados del servicio,
queremos expresar nuestra absoluta disconformidad con el
hecho de que estos hayan sido designados como ‘chivos
expiatorios’ para que los auténticos responsables de las
actuaciones queden indemnes”, refiriéndose puntualmente al
ministro de Defensa, José Antonio Alonso, al jefe del estado
Mayor de Defensa, general Félix Sanz Roldán, al secretario
de Estado de Defensa, Francisco Pardo Piqueras, o al
secretario de Estado Director del Centro nacional de
Inteligencia, Alberto Saiz Cortés.
Aróstegui, quien sigue esperando del comandante General de
Ceuta un contestación a su petición de información, destacó
en la comparecencia de ayer con los medios de comunicación
que Alonso “mentía” cuando hace responsables puntuales a los
mandos militares implicados en la “ilegal” investigación;
apuntando, asimismo, que tenía constancia de que al día
siguiente de aparecer en la prensa los hechos, en la
Comandancia de Ceuta se llevó a cabo una “reordenación” de
todos los papeles implícitos en el tema pedidos por la
jefatura militar local.
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