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La sesión de ayer en el Congreso
de los Diputados deparó la aprobación unánime de la cámara
para el aumento del llamado plus de residencia para los
funcionarios del Estado en Ceuta, en Melilla y en las Islas
Baleares. En realidad se aprueba un Decreto-Ley del gobierno
ya que, según el ministro del ramo, Pedro Solbes, tanto en
nuestra ciudad como en la vecina Melilla y en las islas
subsiste la necesidad de incentivar estos puestos de trabajo
para hacer más atractiva su cobertura.
Con independencia de lo que los sindicatos tratan de
negociar con el Estado en aras a equiparar el plus de
residencia, el Gobierno central se ha anticipado a elevar
las bonificaciones para los funcionarios del Estado en Ceuta
en un cinco por ciento. Al menos eso es lo que ha defendido
Solbes. Sin embargo los sindicatos desconocen estos
términos, o cuanto menos ha generado dudas, ya que había una
partida de unos 4’5 millones de euros destinados a cubrir
este previsto aumento.
En cualquier caso, lo que los sindicatos demandan es la
equiparación de todos los grupos profesionales de
funcionarios del Estado en Ceuta respecto del plus de
residencia.
Hasta el momento unos cuentan con el beneficio de un
porcentaje más elevado que otros pese a su consideración de
funcionarios estatales.
De todos modos, subyace la idea de que es necesario
incentivar económicamente los puestos de trabajo de la
Administración General de Estado en Ceuta. Síntoma evidente
de que el gobierno trata de frenar la salida cadenciosa pero
incesante de personal funcionario fundamentalmente los
especializados.
Y, sobre todo, intentar equiparar o cuanto menos acercarse a
los emolumentos recibidos por los funcionarios autonómicos.
En definitiva la noticia de que en Ceuta habrá más dinero
para gastar por los residentes siempre debe ser bien
acogida, sobre todo porque se dinamizan todos los sectores,
fundamentalmente el de los servicios.
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OPINIÓN / EDITORIAL
