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                     Que el gobierno de España va a 
					estar siempre dilucidándose básicamente entre el Partido 
					Popular y el PSOE es una obviedad manifiesta incluso para 
					los que no piensan en el bipartidismo como mejor fórmula a 
					seguir y al más puro estilo norteamericano. 
					 
					En esas estamos cuando para según qué casos a ambos partidos 
					hemos de exigirle la realización de un ejercicio -que no 
					debiera resultar ningún esfuerzo- de responsabilidad de 
					Estado y, concretar asuntos que por un principio básico de 
					solidaridad territorial, deben ser considerados prioritarios 
					y no vinculados a los rifi rafes políticos. 
					 
					En el caso de Ceuta y Melilla, la responsabilidad que el 
					Estado tiene con estas dos ciudades es tal que no deberían 
					estar sometidas, en ningún momento, a los vaivenes que 
					produce el juego y la gresca política. Básicamente porque 
					tanto Ceuta como Melilla no tenemos más posibilidad -para 
					nuestra desgracia- que estar bajo la tutela, aunque sea 
					mínima, del Estado, no como otros. La escasez económica y 
					los pocos recursos que puede generar un territorio de 19 
					kilómetros cuadrados no pueden ser nunca comparados con 
					extensiones inmensas de otras regiones con mucha más 
					capacidad de riqueza que la propia Ceuta. 
					 
					Por tanto, el compromiso debe ser el que es. En el caso de 
					referencia, por fin el Ministerio de Administraciones 
					Públicas ha accedido -en parte- a las peticiones que con 
					buen sentido se ha venido reiterando desde el gobierno de 
					Ceuta y también desde el de Melilla. 
					 
					Aunque no traspasa la gestión en las llamadas políticas 
					activas de empleo, el Gobierno central ha admitido 
					compartirla. Del mismo modo, en un plazo de tres meses, el 
					ministro se ha comprometido, ¡oh albricias!, a devolver las 
					competencias en Urbanismo usurpadas precavidamente en 2000 
					como consecuencia de la llegada al poder en Ceuta del GIL. 
					Y, finalmente, se aumentará las ayudas económicas para los 
					menores no acompañados (MENA). En este caso sería mejor que 
					se forzara a Marruecos para que asumiera la responsabilidad 
					de sus ciudadanos, por muy menores que estos sean. 
					 
					En todo caso, satisfacción contenida, pero satisfacción al 
					fin y al cabo que ya de por sí es una buena noticia. 
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