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2. La contribución municipal al mantenimiento de la
seguridad pública y la realidad actual de las Policías
Locales.
Resulta una tarea casi imposible cuantificar el gasto
público y la atención política que dedican los municipios
españoles, en sentido estricto, al mantenimiento de la
seguridad pública. Sin embargo, si resulta posible hacer
algunas valoraciones estimativas de la contribución
municipal a la seguridad pública, como son las siguientes:
-De un sondeo aleatorio (realizado específicamente para este
trabajo) entre diferentes ayuntamientos españoles,
comprendidos entre los 8.800 y 242.000 habitantes, se
desprende una media de gasto municipal por habitante cercana
a los 50 euros/año. La cantidad mínima registrada es de 25
euros y la máxima de 75 euros.
-Un Informe de la Dirección General de la Policía estima el
gasto de los municipios españoles en Policía Local en una
cantidad de 180.827 millones de pts./año del año 1997.
- Ese mismo Informe cuantifica el número de funcionarios de
Policía Local existentes en España en un número muy cercano
a los 54.000, lo que supone un porcentaje del 28,5% sobre el
conjunto de los policías públicos y sitúa a los efectivos
policiales que dependen de los municipios como el segundo
colectivo policial del país, detrás de la Guardia Civil y
por delante del Cuerpo Nacional de Policía.
- Según los datos oficiales disponibles, solo entre los años
1995 y 1997, el incremento del número de funcionarios de las
Policías Locales en España fue de un 12,5%. En el territorio
de la Comunidad de Madrid, se ofrecen los siguientes datos
sobre la evolución del número de efectivos de los Cuerpos de
Policía Local en la región: 5.300 funcionarios en el año
1980; 5.968 en el año 1990 y 8.500 en el año 2000. De lo que
se infiere un incremento superior al 53% entre los años
1980/2000.
- Existen Cuerpos de Policía Local en más de 1.700
municipios, lo que supone un porcentaje del 21% del total de
los ayuntamientos españoles. Sin embargo, se calcula que
estos municipios integran una población que supera el 87%
del censo.
-En relación a su población, la distribución de municipios
con Cuerpo de Policía Local es la siguiente: el 3,3%
corresponde a los de población superior a 100.000
habitantes; el 13,3% a los de población comprendida entre
los 20.000 y los 100.000 habitantes; el 17,1% a los
comprendidos entre 10.000 y 20.000 habitantes; y el 66,4% a
los de población inferior a 10.000 habitantes.
-Además de los gastos en sus propios recursos, resulta muy
frecuente que los Ayuntamientos suplan las deficiencias
presupuestarias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a través de diversas fórmulas, como: cesión de suelo
para la construcción de dependencias policiales, reforma y
mantenimiento de dichas dependencias, retirada, guarda y
custodia de vehículos de interés policial y aportación de
equipamiento administrativo (ordenadores, fotocopiadoras,
etc.).
-Al margen del gasto directo en seguridad, la totalidad de
los municipios grandes y medianos invierten muchos recursos
en el desarrollo de programas transversales que tienen una
incidencia muy importante en las políticas de seguridad
pública (violencia de género, drogodependencias, ocio
juvenil, etc.).
- Supone una realidad constatable que la contribución
municipal a la seguridad pública es muy heterogénea: el 80%
de los municipios españoles carecen de Cuerpo de Policía
Local; dos terceras partes de los municipios con Cuerpos de
Policía Local mantienen estructuras muy débiles que agrupan
un número que oscila entre uno y diez funcionarios, mientras
que otros reúnen cientos o miles de policías.
- A partir de los 20.000/25.000 habitantes, los municipios,
a través de sus Policías Locales, soportan una parte muy
importante del mantenimiento de la seguridad pública. Un
dato muy indicativo de la situación en este tipo de
municipios, es que la presencia de efectivos operativos de
la Policía Local en las vías y lugares públicos resulta
superior a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en índices que pueden oscilar entre el 50% y el 100%.
En resumen, de todo lo anterior pueden obtenerse las
siguientes conclusiones:
1º) Parece evidente que existe una importante contribución
municipal a la prevención y el mantenimiento de la seguridad
pública del país, que se ha incrementado desde 1986 de
manera muy significativa.
2º) Esta contribución se ha hecho especialmente relevante en
los municipios que cuentan con población superior a los
20.000 habitantes.
3º) También parece claro que esa aportación se produce, con
toda seguridad, en un nivel muy superior a la capacidad de
decisión que actualmente disponen los Ayuntamientos y, desde
luego, en un nivel absolutamente desproporcionado a los
recursos económicos que reciben del Estado.
4º) Por último, de esta situación se puede deducir una
importante y creciente demanda social de respuesta a
problemas de seguridad pública, dirigida específicamente
hacia los municipios y a los Cuerpos de Policía que de ellos
dependen.
3. Los problemas de nuestro modelo de seguridad.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad han transcurrido ya 16 años. La experiencia de
ese tiempo ha puesto de manifiesto las deficiencias del
modelo establecido por la Ley que, además, ha carecido del
necesario desarrollo reglamentario en aspectos muy
importantes. De otra parte, se ha producido un cambio muy
relevante en el papel asumido por los municipios en relación
a la seguridad pública y transformaciones esenciales en los
Cuerpos de Policía que están bajo su dependencia.
A esto hay que sumar la ineficacia y los graves errores
cometidos en los últimos años, que han contribuido -y de
manera muy importante- a disparar el incremento de la
delincuencia y a generalizar la ineficacia en nuestro
sistema de seguridad pública. El Gobierno no ha querido o no
ha sabido aprovechar los elementos de racionalización,
colaboración entre Administraciones Públicas y coordinación
policial que se incluían en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que contó con un amplio consenso político e
institucional. Al contrario, frente a la eficiencia y la
corresponsabilidad, se ha optado por la política de imagen
del Ministerio de Interior, aún a costa de contribuir a la
confusión, despreciar la colaboración del Estado con otras
Administraciones Públicas y disparar los índices de
criminalidad.
El mejor exponente de esta sinrazón ha sido el denominado
Programa Policía 2000 y su denominada Policía de Proximidad,
que se desarrolló sin contar con los Ayuntamientos, en clara
invasión del ámbito de competencias municipales y en
detrimento de otras funciones que solo podían ser bien
desarrolladas por el Cuerpo Nacional de Policía. Y algo muy
parecido está ocurriendo con el Plan (2002) de Lucha contra
la Delincuencia recientemente aprobado.
Además, en esa misma línea de actuación, el Gobierno ha sido
incapaz de articular políticas de seguridad eficaces para
responder a problemas de seguridad que han despertado una
gran sensibilidad social.
En este sentido, un buen ejemplo de su política ha sido la
“respuesta” ofrecida a la violencia de género, que se ha
articulado a través de la creación (en cada provincia) de
pequeños equipos especializados en el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil, que resultan totalmente
incapaces de abordar tan amplio territorio y, además, han
funcionado totalmente al margen de los programas
desarrollados por los Ayuntamientos, que pretenden ofrecer
una respuesta integral a este grave problema. Situaciones
muy parecidas se reproducen en las problemáticas
relacionadas con los jóvenes y los menores (violencia
escolar, vandalismo urbano, ocio juvenil, etc.) que
despiertan gran preocupación y alarma social y carecen de
respuestas eficaces desde la seguridad del Estado.
Todo ello ha contribuido a poner en cuestión el actual
sistema y plantea la necesidad de abordar -cuanto antes-
reformas de importancia. Así, desde la perspectiva
municipal, entre los principales problemas del actual
sistema de seguridad pública podemos destacar los
siguientes:
El modelo español no ha conseguido articular la
corresponsabilidad entre las Administraciones Públicas.
Desde la perspectiva de un modelo de Estado descentralizado,
como es el diseñado por nuestra Constitución, no cabe otra
opción que establecer un sistema de seguridad de
responsabilidad compartida entre las diferentes
Administraciones Públicas. Y ese modelo no puede basarse,
exclusivamente, en la existencia de Cuerpos de Policía que
dependan de cada una de las Administraciones.
Ninguna Administración Pública, disponga o no de su propia
Policía, puede declararse irresponsable en materia de
seguridad.
Deben articularse políticas y planes de seguridad del Estado
para abordar los principales problemas, que deben
concretarse y desarrollarse en todas las Comunidades
Autónomas y en todos los Municipios, además de los planes y
programas específicos que se elaboren desde las
administraciones territoriales. Y todas estas acciones deben
ejecutarse por el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias y
bajo el principio de subsidiariedad.
La construcción de un nuevo sistema público de seguridad
debe basarse en la colaboración y coordinación activa entre
las Administraciones y la coordinación y la colaboración
efectiva entre todas las policías públicas.
Y esa base solo puede construirse a través de órganos
políticos como los instaurados por la Ley de 1986 (Consejo
de Política de Seguridad, Juntas de Seguridad de las
Comunidades Autónomas y Juntas Locales de Seguridad), en los
que debe incluirse la representación de todas las
Administraciones Públicas y no solo de aquellas que cuentan
con Cuerpo de Policía competente en el respectivo ámbito
territorial. Además, dichos órganos políticos deben
complementarse de otros específicos, para garantizar la
ejecución de las políticas definidas en los mismos y la
colaboración interpolicial.
España carece de políticas públicas para responder a la
inseguridad ciudadana.
El incremento de la delincuencia violenta, el desarrollo de
la delincuencia organizada, la incidencia de las
drogodependencias en la inseguridad, la violencia de género,
las problemáticas juveniles y de menores, el vandalismo
urbano, la seguridad vial, etc., son problemas que requieren
la elaboración de políticas integrales y transversales, a
través de programas y planes de actuación, que deben
articularse con la participación de todas las
Administraciones Públicas y ejecutarse, entre otros
servicios públicos, a través de sus Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
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