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La crisis que acucia al sector panadero ha llegado a todas
las esferas de la Ciudad Autónoma. La Delegación del
Gobierno ya tomó buena nota del problema tras una reunión
con el gremio y en la tarde de ayer fue el presidente de la
Ciudad en persona, Juan Vivas, el que se reunió con los
representantes de panaderías de Ceuta.
El problema que trascendió a la prensa mediante los
sindicatos no es algo nuevo entre los viejos conocidos del
sector, ya que como afirma el presidente de la asociación,
José Manuel Ruiz, éste existe desde principios de los 90,
momento en el que empezó a introducirse en Ceuta pan
proveniente del país vecino de Marruecos. Las medidas que se
tomaron en aquel momento han ido desapareciendo con el paso
de los años hasta encontrarse se frente, otra vez, con este
viejo conocido.
José Manuel Ruiz señala el pan marroquí como el principal
problema, pero también encuentra otras razones de peso para
explicar el porqué del cierre de tres panificadoras en los
últimos seis años. El descenso de población militar en la
Ciudad Autónoma es una de ellas, junto a la caída del
turismo comercial que décadas atrás viajaba hasta Ceuta para
comprar diferentes productos, y la introducción en la ciudad
de cadenas de distribución, competencia dura para las
panificadoras locales.
Petición
El argumento fundamental de la asociación de panaderos de
Ceuta ante el presidente será la ilegalidad del producto
proveniente de Marruecos. Califican esta competencia de
desleal y además alegan que dicha mercancía no pasa por
ningún tipo de control sanitario y puede afectar a la salud
pública.
Por lo tanto los panaderos de Ceuta pedirán a Vivas
“compromiso” de las consejerías que tengan cualquier tipo de
competencias al respecto. Esta situación está llevando al
empobrecimiento de las empresas, de las que ya solo queda 12
en Ceuta y de éstas tres se encuentran en peligro.
También se solicitarán otra serie de incentivo para poder
reactivar el sector. Una de estas peticiones será la rebaja
del I.P.S.I, que en estos momentos se encuentra en un 10%,
para la compra de maquinaria que permita modernizar el
sector.
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