El director del IMCERSO, Fernando Jimeno, anunció ayer que
Ceuta contará con una unidad para prestar asistencia a los
dependientes que la soliciten y que cumplan los requisitos
que se desarrollen respecto a la Ley de Dependencia. Para
ello, se dotará de una plantilla de especialistas para estos
ciudados. “Estamos en trámite para crearla, porque estamos
hablando de que esto deberá estar aprobado antes de abril,
fecha límite que establece la Ley para que el Consejo
Territorial desarrolle las disposiciones de la normativa y
se aplique plenamente. Se potenciará la información y la
valoración”, añadió.
Una Comisión dependiente de Administraciones Públicas dará
el visto bueno para la confección “en breve” de un plantilla
de trabajadores cualificada y establecerá su dotación
presupuestaria. “La finalidad es no solo que atiendan sino
que visiten, se pretende fomentar la figura del visitador, y
luego hay un órgano colegiado que dota de homogeneidad a la
valoración y establecerá la resolución administrativa”,
apuntó.
La Ley contempla dos tipos de actuación según el tipo de
dependencia y el perfil del solicitante. Por un lado, se
responderá con un programa asistencial para dotar a esa
persona del servicio y por otro, existe la posibilidad de
solicitar una dotación económica, que son las prestaciones.
El director del IMCERSO se mostró cauto a la hora de dar
detalles sobre la configuración de la futura unidad de
atención asistencial, solo especificó que se trata de una
“plantilla interesante, superior a diez personas”.
Consejo Territorial
Fernando Jimeno se mostró muy satisfecho con la constitución
del Consejo Territorial porque evidencia que la Ley de la
Dependencia, pese a que todavía queda mucho por andar, sigue
su curso adecuadamente. Esta normativa afectará a 1.800
personas, según los datos que Jimeno en una “estimación
bastante objetiva” que se basó en una tabulación que se
elaboró para una reciente encuesta. De estas casi dos mil
personas, se calcula que unas 300 personas se pueden
determinar como grandes dependientes, es decir, su
puntuación superaría los 75 puntos del cuestionario aprobado
ayer en el Consejo Territorial para determinar su grado de
dependencia. La cuantía o los servicios que recibirán
todavía están por determinarse.
Por su parte, el PP ha planteado la posibilidad de recurrir
ante los tribunales los acuerdos adoptados en el Consejo
Territorial por la “excesiva representación estatal”.
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18.000 euros, máximo coste de un dependiente
Un estudio de la fundación BBVA
manifiesta que el coste máximo al que tendrá que hacer
frente una persona mayor dependiente hasta su fallecimiento
estará, con la nueva legislación, entre los 11.000 y los
18.000 euros. En concreto, una mujer de 65 años con
dependencia moderada o severa y una renta suficiente para el
Estado no costee más del 30 por ciento de sus cuidados,
tendrá que financiar 18.328 euros, cifra que descendería a
11.237 si se tratara de un hombre.
Las cuantías de las prestaciones económicas todavía no se
han fijado por parte del Consejo Territorial. Desde el
Gobierno se ha manifestado que la financiación de la Ley
está asegurada con la inversión de 400 millones de euros
recogidos en los Presupuestos.
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