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José Luis Puerta, fiscal de Ceuta e instructor del llamado
‘caso Piniers’ por el que el PSOE acusaba al presidente de
Ceuta de corrupción, ha decretado el envío al juez de las
actuaciones tras proceder a la denuncia de los hechos pero
“sin concretar en persona alguna” la presunta culpabilidad
de lo que hasta ahora no se ha hallado prueba alguna.
Despues de que el PSOE enviara el caso al fiscal
anticorrupción y éste se inhibiera al no hallar argumentos
concretos tendentes a presuntas corruptelas, las diligencias
fueron a parar, en junio de 2006, a la adscripción
permanente de la Ciudad Autónoma de la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Cádiz para su definitiva
instrucción.
El fiscal, en su decreto de 19 de ciembre de 2006 explica
que “a pesar del tiempo transcurrido aún no se ha recibido
el atestado policial que se solicitó por la Fiscalía de
Ceuta el día 12 de septiembre de 2006 en el que debería
haberse detectado o no la existencia de delito”. Por lo
tanto, argumenta en su decreto que “transcurrido el plazo
legalmente establecido sin que conste la existencia o no de
la infracción denunciada, habida cuenta la complejidad del
caso(...) y a la vista de la posible existencia de
infracción criminal procede a formular denuncia por si los
hechos fuesen constitutivos de delito”.
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