Se ha convertido en cotidiano el
llevar a cabo una manifestación, organizándose de todo tipo
pero, últimamente, las que proliferan son las que partidos,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y muchos
etcéteras más vienen celebrando para protestar contra la
barbarie terrorista.
Así hemos visto como el pasado sábado, a iniciativa de los
Sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones
Obreras, se convoca una a la que se adhieren partidos
políticos, artistas, entidades de todo tipo y ¡255
asociaciones de ecuatorianos residentes en España!
Y no tenemos por menos que preguntarnos si éstas últimas
afloran espontáneamente, pues no conocíamos nada de su
existencia, o será que en nuestra nación las asociaciones
creadas al amparo de la Constitución “que se inscriben (no
se registran) a los solos efectos de su publicidad” (art. 22
de la norma), que nombran una comisión gestora, redactan
unos estatutos, los aprueban en junta general, eligen a sus
órganos directivos, determinan el domicilio social,
formalizan las correspondientes actas de constitución y
tramitan su registro en las delegaciones de gobierno, en
unas horas se les comunica la resolución de inscripción,
según podemos deducir como consecuencia del numero de ellas
que asistieron el pasado sábado a la manifestación por “el
diálogo y la paz”. O sea, que disponemos de una
Administración rápida y eficaz y eso, aunque lo conocíamos,
nos congratula gratamente.
Pero el motivo de nuestro comentario no es la diligencia de
nuestros funcionarios. Se trata de criticar, que no de
censurar ni vituperar, conductas o acciones de quienes hacen
uso del derecho de reunión pacífica, la proliferación de
estas manifestaciones (dicho sea de paso la mayoría de ellas
para castigo, sin culpa que reprender, de los madrileños).
Y se aprovechan estas concentraciones de miles de personas,
según quienes las convocan, para criticar al gobierno o a la
posición, o llevar a cabo toda clase de reivindicaciones en
las que van incluidas algunas, las menos, referentes al
objeto de la convocatoria, llenándose, como en la última del
pasado sábado, de banderas ecuatorianas, algunas
republicanas y otras cubanas. Españolas ninguna, seguramente
porque no nos hace falta acreditar nuestra identidad
nacional.
Por ello pensamos que contra las armas que emplean los
terroristas y los criminales actos que perpetran no cabe ya
emplearse con más manifestaciones ni con diálogos.
Existen unas leyes para los que contravienen el mas sagrado
derecho de los humanos: la vida y deben aplicarse con todo
su rigor a quienes, teniendo el derecho de participar en
asuntos públicos libremente elegidos en las correspondientes
elecciones, optan por el camino del terror, la barbarie y el
asesinato tratando de conseguir unos propósitos que se
contraponen a la “regulación de las condiciones básicas que
garantiza la igualdad de todos en el ejercicio de sus
derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales”,
como también determina la norma básica que nos hemos
establecido voluntariamente todos los españoles.
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