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ACTUALIDAD - LUNES, 15 DE ENERO DE 2007


Reunión de las partes implicadas. ARCHIVO

conferencia de presidentes / reacciones
 

El Gobierno reclama que no se ‘monopolicen’ los acuerdos

El avance en las negociaciones entre
el MAP y las ciudades autónomas no
debe traducirse unilateralmente, según
la Delegación de Gobierno
 

CEUTA
Javier Cuenca
local
@elpueblodeceuta.com

Como era de esperar, la Ciudad (sus órganos de decisión) se ha visto ‘impregnada’ por las ramificaciones de la Conferencia de Presidentes autonómicos que, por tercera vez, se reunía en Madrid con el Gobierno de la nación -en este caso precedida por la ruptura unilateral de la tregua presuntamente pactada con ETA como caballo de batalla del Partido Popular, y con un orden del día en el que el I+D, la inmigración y el agua eran sus protagonistas-; y, como era de esperar, las reacciones de unos y otros tienen distintas lecturas. A las afirmaciones, por parte de la presidencia de la Asamblea ceutí, de que “la participación de Vivas ha sido crucial para una posible visión esperanzadora de la anunciada vista del ministro Jordi Sevilla a la ciudad”, se han seguido otras en las que el acento recae en el propio Ejecutivo central.

De esta manera, el delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, Jenaro García-Arreciado, matizaba a este periódico (a través de su Gabinete de Comunicación) su desacuerdo por la lectura unilateral por parte de Juan Vivas, presidente de la Ciudad, sobre la autoría del avance del proceso negociador entre el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) y la propia Ciudad. Para García-Arreciado, todas las partes han sido necesarias para alcanzar acuerdos como los alcanzados, destacando en un comunicado que “la III Conferencia de Presidentes ha concluido con pleno acuerdo de todos los presidentes autonómicos respecto a las propuestas sobre I+D+i que ha planteado Rodríguez Zapatero, y otros de importante calado en materia de política de agua y en política de inmigración”.

No obstante, al contrario de lo declarado por Vivas con respecto al más alto cargo del MAP, quien habría asegurado a este su “inminente” presencia en la ciudad para solventar los desencuentros institucionales, el cercano presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, destacaba este fin de semana que en sus conversaciones con Sevilla “no abordó el asunto de su visita” a la respectiva ciudad, lo que implicaría un doble rasero entre las dos ciudades, que se han esforzado días antes de la cita en el Senado en mostrar su ‘unidad de acción’ ante el aparato del Estado.

Imbroda, que no ha querido desvelar el contenido sustancial de las conversaciones con el MAP, dijo que éste “quise hablar tanto con él como con el presidente de Ceuta para seguir las conversaciones encaminadas a lograr un acuerdo en las pretensiones de ambas ciudades”; no obstante, el presidente melillense ha subrayado en relación a dicha visita que al Gobierno central no le “preocupa la ciudad”.

Imbroda había insistido en declaraciones a El pueblo de Ceuta que había sido el delegado del Gobierno en Ceuta quien había “deteriorado” las relaciones con el propio MAP tras la conversación del mandatario melillense en los pasillos del Senado con Sevilla, donde habría roto las negociaciones para aumentar las cuotas de autogobierno de Ceuta y Melilla, lo que llevó a Imbroda a calificar de “mentiroso” a García-Arreciado.
 


PP pide que el Gobierno pague en Baleares lo mismo que en Ceuta

El Partido Popular, a través de sus responsables en Baleares, han apuntado a Ceuta y Melilla como punto de referencia para fijar el incremento salarial del cinco por ciento a los funcionarios del Estado en concepto de indemnización por residencia. Para el diputado nacional Enrique Fajarnés, hay una diferencia cercana al cuatrocientos por ciento “entre las nóminas que cobran algunos trabajadores de las islas con respecta a lo que se percibe en la península”, instando al Gobierno que, en un plazo no superior a tres meses, “la cantidad que se perciba en concepto de indemnización por residencia queden equiparadas a las que se cobra en la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla” insistiendo que estos cambios deben afectar al sector público estatal con residencia en las propia islas Baleares. Argumentos que fueron expuestos en la Conferencia de Presidentes, paralelamente.
 

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