En diversos ámbitos de la sociedad
española venimos observando como se emplea la frase
“vergüenza política, social, deportiva o torera” o con
algunos calificativos más para poner de manifiesto la
ineptitud o falta cometida por acción deshonrosa humillante
ajena de lo que nosotros pensamos cuando la vergüenza se
pierde y se convierte en delito, no poniéndose de manifiesto
ni denunciándose por quienes tienen el deber de hacerlo, a
quienes cometen irregularidades de carácter delictivo sean
políticos, dirigentes de empresas, funcionarios, deportistas
o profesionales del toreo.
Y creemos que si un político o profesional de cualquier
actividad comete fechorías o acciones malignas como el
cohecho, el tráfico de influencias, el blanqueo de dinero,
la prevaricación, la malversación de fondos, el engaño,
etc., hay que llamarlo por su nombre que no es otro que uno
de los mencionados y nunca, como ahora viene sucediendo,
quizás por temor a represalias o falta de valor de decir a
la cara de cada cual lo que es, se le dice “fulano de tal no
tiene vergüenza política”. La misma frase se utiliza para
los ejercientes de las demás actividades antes citadas,
tales como los que abusan de su posición social, de
deportistas que perciben unos cuantiosos ingresos y luego no
rinden ni demuestran, por su irregular vida extradeportiva,
las expectativas razonables de rendimiento o del torero que
realiza una “faena de funcionario” (¿a qué se deberá ésta
definición que los críticos taurinos emplean para describir
la mala actuación de un profesional de esta actividad?).
Decía Sir Winston Churchill “que en política se muere muchas
veces” y creemos que si se aplica la definición de
“sinvergüenza político” a cualquier delincuente de la vida
pública, estamos acusando al que dirigimos la perorata de
una cuestión impersonal o abstracta, o sea, que seguirá,
como si tal cosa, en el desarrollo de su función profesional
en la política, porque quienes tienen la obligación de
denunciarle, los que conocen de primera mano los hechos, no
llaman por su nombre de prevaricador, malversador,
estafador, sobornador o aceptador de dádivas, etc. a quien
realiza las acciones delictivas, permitiéndose que, en un
momento dado, estos eventos de malvados queden escondidos
tras el parapeto de “vergüenzas” cuando en realidad se
refieren a actos que hay que denunciar en los ámbitos donde
correspondan y que debe sancionar la justicia, no una
prefabricada frase que venga a establecer como anécdota, y
todo quede ahí, lo que realmente se trata de un
quebrantamiento voluntario de la ley.
En Ceuta, que sepamos, no disponemos de políticos,
funcionarios, deportistas y, menos, toreros a los que
podamos encuadrar dentro de los grupos delictivos
enumerados, aun cuando hay quienes, pertenecientes al
“gremio de la política”, si podríamos clasificarlos,
tratándolos muy venialmente, de faltos de aplicación o
diligencia para los cargos o puestos que vienen
desempeñando.
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