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En la España de Franco, pasados
los primeros y más terribles años de la postguerra, el
pluriempleo fue la tabla de salvación a la que se agarraron
muchos ciudadanos para elevar su nivel de vida. El cincuenta
por ciento de los españoles, según un reportaje de la época,
salía por las mañanas de sus hogares y no regresaba antes de
las nueve o diez de la noche.
Hacían chapuzas a domicilio, tras salir de su trabajo, el
mecánico, el electricista, el carpintero, el albañil...
Tampoco los oficinistas que trabajaban para el Estado,
desdeñaban la oportunidad de llevar la contabilidad de
empresas o comercios florecientes. Y no crean que quienes
ocupaban puestos destacados, como directivos en la sociedad
y formaban parte ya de una clase media pujante,
desperdiciaban la ocasión de participar en varios consejos
de Administración ni de cuantas canonjías les cayera por
haber pertenecido al bando de los ganadores.
Y todo porque los sueldos de la época no daban para hacerle
frente a las letras firmadas por la compra del piso,
llevarse a casa los cuatro electrodomésticos a plazos,
ahorrar para las vacaciones veraniegas, comer y vestir un
poco mejor, o bien mandar al niño a la Universidad.
Cuando Felipe González ganó sus primera elecciones,
lo primero que hizo fue anunciar que se había acabado el
pluriempleo. Y la Ley de Incompatibilidades cayó como un
jarro de agua fría entre los funcionarios de las
Administraciones Públicas y personal al servicio de las
Comunidades Autónomas.
En Ceuta, por ejemplo, yo vi a pluriempleados de cierto
postín, rebelarse contra la ley y echar por la boca sapos y
culebras contra los socialistas. Los socialistas, de aquel
año de 1984, se defendían diciendo que sólo protestaban
quienes llevaban muchos años disfrutando de una mamandurria
a la que sólo accedía la gente de derecha. Pero olvidaban
que también los había entre sus filas.
Pues bien, cuando parecía que los políticos habían dejado de
perseguir con saña a quienes se pasan los asuntos
incompatibles por donde las moscas acuden al primer síntoma
de dejadez higiénica, nos encontramos con que han vuelto a
las andadas.
En este caso, son los políticos de la oposición quienes han
descubierto que en el Gobierno presidido por Juan Vivas
existen cargos que son remunerados por cumplir funciones
incompatibles con el papel que desempeñan al servicio de la
Comunidad Autónoma.
Primero, le tocó el turno a Francisco Javier Sánchez
Paris; jefe de Gabinete de la Presidencia. Mas como la
insistencia es arma que suele convertirse en bumerán, la
acusación fue decayendo hasta quedarse en agua de borrajas.
Ahora es Alberto Solano, viceconsejero de Servicios
Ambientales, quien está sufriendo las arremetidas de quienes
le achacan que ha estado ejerciendo funciones de apoderado o
administrador de Estructuras Cobesan. Es decir, una
incompatibilidad en toda regla, si se comprobara que es así.
Por consiguiente, no le arriendo las ganancias al
viceconsejero.
Sin embargo, lo que no acabo de entender es por qué la
oposición denuncia ahora un hecho que data ya de antiguo. ¿O
es que mientras no ha habido campaña electoral el todo vale
es una práctica respetada entre partidos? Porque de ser así,
y conociendo el paño nada me hace pensar lo contrario, las
denuncias contra el tal Solano y la que venga detrás, que
seguro estará ya en cartera, carece de todo valor y apenas
si hará mella en la popularidad de Juan Vivas. Y, mucho
menos, servirá para causarle el menor daño en las urnas.
Sean serios quienes denuncian, porque aun estando en su
derecho, deberían actuar a tiempo. Y, sobre todo, mirar a su
alrededor y ver si en su familia hay algún premiado con
prebenda incompatible.
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OPINIÓN / EL OASIS
